Wendy Quintero: «Es urgente atender la crisis de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica»


El 18 de abril hizo un año del inicio de las protestas en Nicaragua. Lafede.cat ha mostrado reiteradamente su preocupación por la situación del país. La periodista y comunicadora Wendy Quintero ha visitado Barcelona invitada por San Just Solidari. Fundadora y socia de Radio Camoapa, Wendy Quintero ha sido profesora y ha trabajado en diferentes medios. Su último trabajo fue como portavoz y responsable de comunicación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos-CENIDH, organización perseguida por su labor de defensa de los derechos humanos.

 

Desde el estallido de la crisis social y política en Nicaragua hace un año, Lafede.cat ha mostrado su preocupación por la situación del país en varias ocasiones, y también por la criminalización de las ONG. Coincidiendo con este primer aniversario acaba de suscribir el comunicado de la Coordinadora estatal  «Reiteramos al Gobierno de Nicaragua su obligación de respetar los derechos humanos».  El CENIDH es una organización con 29 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Su presidenta Vilma Nuñez, de 80 años, estuvo encarcelada en tiempos de Somoza por defender a los presos políticos de aquella época. Durante el 2018 el Centro acogió todas las denuncias de personas que sufrieron la represión y, al tiempo, fue objeto de la misma ya que sus instalaciones fueron clausuradas por el gobierno y en diciembre pasado la Asamblea Nacional le retiró la personalidad jurídica. De los 22 profesionales que integraban el CENIDH, 19 han salido del país por miedo a ser detenidos y encarcelados. Wendy Quintero fue la última en  exiliarse. Quintero es vicepresidenta de la Red de Mujeres de AMARC-ALC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Ha ganado varios premios de periodismo por su compromiso social. También es defensora de los derechos humanos y ha trabajado en varios municipios en proyectos de salud comunitaria, municipalismo, género y medio ambiente. Junto con la presidenta del CENIDH ha estado en Ginebra para explicar la situación del país en Naciones Unidas. Este año, el próximo mes de mayo, Nicaragua presenta el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

 

Los informes del CENIDH fueron una de las fuentes más consultadas para conocer la situación de Nicaragua durante la crisis. ¿Qué valoración hacéis del momento actual?

El último Informe que hicimos fue el de diciembre del año pasado. El 18 de abril hubo un despertar de la población pero hay que decir que no es que el país se rompiera ese día sino que hay un estallido por acumulación. Desde hace al menos tres elecciones hay denuncias de fraude, y desde hace al menos once años desde diferentes sectores se denuncian violaciones de los derechos humanos. Que la gente salga a la calle el 18 de abril es porque se hace público que hubo un desfalco de la seguridad social, pero no por culpa solo del gobierno sandinista sino de todos los gobiernos de los últimos 20 o 30 años que lo han hecho servir como «caja chica». Otra cosa distinta es que el organismo responsable de la seguridad social ha pasado de tener 1.000 funcionarios a tener 3.500 con el actual gobierno, y que para trabajar en el Estado tengas que ser miembro del partido, y eso es ilegal.

Ahora mismo en Nicaragua no se respeta ni el derecho a la movilización ni la libertad de prensa. La represión de las protestas contra el Gobierno ha sido indiscriminada. Hemos documentado casos de gente condenada a 18 años por vender banderas! Hay mucha gente detenida sin juicio. En mayo de 2018 comenzó un Diálogo Nacional, con la iglesia como mediadora, que se rompió y después la represión fue aún peor. Hemos contabilizado 812 personas detenidas que son presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH habla de 325 muertos y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos de más de 500. Los resultados del Grupo de Expertos de la OEA que visitaron el país a raíz de las acusaciones del Gobierno de que estas organizaciones mentían son aún peores y, por ello, el 12 de diciembre fueron «invitados» a salir del país, así como los miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos-CPDH es el único organismo que continúa trabajando en el país pero bajo acoso. La gente tiene miedo de ir a sus oficinas porque existe la policía en el exterior y si vas a presentar una denuncia pueden detenerte a la salida.

En la nueva Mesa de negociación la moneda de cambio son los presos. Ha habido muchas excarcelaciones pero continúan los procesos judiciales. En muchos casos se les ha concedido «casa por cárcel» pero el Gobierno no reconoce que son presos políticos y no anula los cargos, los trata como presos comunes. Además hay un grupo indeterminado de personas desaparecidas de las que ni siquiera hay cifras oficiales. Algunas fuentes hablan de más de 2.000 personas.

Por otro lado está la gente en el exilio. El CENIDH había contabilizado 50.000 personas que habían salido del país entre abril y diciembre, y el gobierno de Costa Rica 80.000 personas de enero a diciembre. El proceso para conseguir el estatus de exiliado es muy lento. A la gente se la está citando el 2020 y el 2021 y mientras tanto no pueden trabajar y viven hacinados o en la calle, o los parques. En algunos casos la gente que ha vuelto ha sido detenida o ha desaparecido. En cuanto al CENIDH, se ha intentado revertir el proceso legal de retirada de la personalidad jurídica pero es muy difícil porque no se han querido ni aceptar los documentos. Un grupo numeroso de trabajadores se han organizado en Costa Rica y han puesto en marcha otro organismo de derechos humanos que se llama «Nicaragua nunca más».

¿Qué ha ido a hacer a Ginebra?

Justo este año Nicaragua presenta su Examen Periódico de Derechos Humanos. AMARC-ALC, junto con dos organizaciones más que defienden la libertad de prensa y de expresión, hemos presentado un Informe Sombra en la tercera pre-sesión del Examen, el espacio donde tanto el Estado como las ONG presentan sus informes. Huelga decir que la diferencia entre unos y otros es muy grande. Nuestro Informe recoge ataques contra periodistas y el clima de impunidad, casos de censura indirecta y de criminalización de la libertad de expresión y reunión, y hace recomendaciones en todos los casos. En Ginebra hemos hablado con 16 misiones diplomáticas y dos relatorías -la de Defensa de los derechos humanos y para los presos-, y con el equipo técnico que realiza el Examen. En el caso de la libertad de prensa el Gobierno no sólo no ha cumplido las recomendaciones que se habían hecho en ocasiones anteriores, sino que la situación se ha agravado.

 

¿Cuál es la situación de libertad de prensa?

Desde que empezaron a gobernar Ortega y Murillo rompieron con la Ley de acceso a la información  pública: no se hacen conferencias oficiales de prensa y los únicos que tienen acceso son los medios de su familia. Aunque la constitución dice que no puede haber monopolios, ellos tienen 6 canales de televisión, 20 radios y han adjudicado frecuencias de radio y televisión locales. Como no hay diferencia entre Gobierno y partido han cerrado medios por la dificultad de trabajar si no reproduces el discurso gubernamental. Por otra parte, en la mayoría de protestas los periodistas han sido agredidos o se les han requisado los equipos. Hay seis  periodistas presos, uno de ellos con 17 años de condena por tráfico de armas y terrorismo, cuando estaba a un «tranque» grabando las protestas. Dos periodistas de 100% Noticias llevan más de 100 días en prisión sin juicio y en prisiones de alta seguridad o aislados. Para nosotros son presos políticos. Fueron detenidos en la redacción. Ahora en abril hará también un año de la muerte del periodista Ángel Gahona, el único caso en que se ha encontrado y condenado a los responsables a más de 25 años pero la propia familia y muchos periodistas independientes creen que sólo son chivos expiatorios .

La asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua a que pertenezco junto con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hemos contabilizado 72 periodistas exiliados, ahora muchos informan desde Costa Rica y a través de las redes sociales. El periodista Carlos Fernando Chamorro ha tenido que salir del país con toda la redacción porque los avisaron que los detendrían y ahora hacen sus informativos desde Costa Rica.

Tampoco se garantiza el derecho a la comunicación comunitaria. Se han dado casos de retirar la  personalidad jurídica a fundaciones y confiscar los equipos de las radios que tenían, medida completamente ilegal y que consideramos un robo del Estado. Mi radio, Radio Camoapa en el centro del país, en el departamento de Boaco, tiene una patrulla delante de sus instalaciones. Esta es la manera de atemorizar o avisar. Muchos periodistas extranjeros han sido testigo directo de las mentiras oficiales, entre otras cosas porque también han sido agredidos en el transcurso de las protestas o se les incautaron equipos.

Muchas ONG catalanas hacen su trabajo con miedo y preocupación por la situación, pero no quieren abandonar las comunidades con las que trabajan hace años. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar ahora?

A partir de 2015 el Gobierno cambió las reglas para las ONG de cooperación y derechos humanos. Las empezó a ver como opositoras. Muchas ONG internacionales se fueron, pero después que comenzaran las protestas han vuelto o tratan de ayudar como pueden porque hay más trabas legales, y se hacen graves acusaciones sin fundamento. A algunas a las cuales se les retiró la personalidad jurídica han sido acusadas de lavado de dinero. Muchas han sido acusadas también de recibir dinero de los EEUU pero los primeros que tienen negocios en los EEUU son los Ortega-Murillo. Efectivamente los EEUU han aumentado la financiación de organizaciones de la sociedad civil, de 1.5 a 3 millones de dólares pero cuando se mira donde han ido a parar los fondos de USAID los mayores beneficiarios de los fondos fueron la Policía Nacional, el ejército o el Ministerio de Salud, o sea el propio Gobierno.

Lo más importante ahora, lo que hay que atender, es la crisis de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica porque el presidente del país prometió una hoja de ruta para darles apoyo que todavía no existe. También es importante hacer incidencia en los Estados para que pidan explicaciones sobre la situación de Nicaragua. La presión internacional es importante. Es muy positivo que la UE y los EEUU hayan impuesto ya sanciones específicas a funcionarios concretos, sanciones económicas o prohibiciones de viajar fuera del país porque hay muchas acusaciones de corrupción. Y hay que pedir también que vuelvan los organismos de derechos humanos al país para hacer seguimiento de la situación.

 

Más información:

Comunicado de la Coordinadora estatal de organizaciones de cooperación para el desarrollo, 23 de abril de 2019: «Reiteramos al Gobierno de Nicaragua su obligación de respetar los derechos humanos».

 

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